La UE se compromete a fomentar un desarrollo urbano "más inteligente y sostenible".

Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se han comprometido en la Declaración de Toledo a aplicar estrategias de regeneración urbana integrada para lograr "un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa" y caminar en la dirección de la Estrategia Europea 2020. Asimismo, destacaron el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático y la exclusión social.

El documento, acordado en Toledo tras dos jornadas de debate, recoge el compromiso común para poner en práctica los principios de desarrollo urbano reconocidos en Leipzig y en Marsella sobre la ecoeficiencia, la cohesión social, la calidad de vida, la modernización del parque de viviendas y la implicación de los agentes sociales en la ciudad europea.

En la imagen, los ministros de Vivienda de la UE.

Con el fin de hacer realidad un modelo de ciudad "más inteligente, más sostenible y socialmente inclusiva", los ministros apuestan por "aplicar estrategias de desarrollo urbano integrado" y apoyan "el reconocimiento de la importancia de la renovación y rehabilitación del parque de viviendas existente desde diferentes perspectivas".

Los titulares de Vivienda de los países miembros se comprometen en esta línea a "prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad", así como a "asegurar la calidad de vida de los ciudadanos y su bienestar en todas las comunidades y barrios de la ciudad", fomentando además la participación ciudadana.

Además, los ministros recordaron en el documento "la recomendación de reflexionar y tener en cuenta el cambio climático tal y como se expresa en la propio estrategia Europa 2020 y en la Declaración de Marsella". Por ello, consideraron la "idoneidad" del reciclaje urbano y del planteamiento urbano "compacto", como estrategia para minimizar el consumo de suelo.

Visto : Fotocasa

Alquileres pudieran ser considerados como cuota inicial de una vivienda.

Los sancristobalenses tienen posiciones encontradas; un grupo muestra su desacuerdo tomando en cuenta el lugar de los propietarios sin intención de vender, mientras otros apoyan la opción desde su óptica de inquilinos.

Durante esta semana la Asamblea Nacional retomó su debate con respecto al diseño de los marcos legales para incrementar las regulaciones en el mercado inmobiliario, y entre las medidas que pudieran tomarse figura la posibilidad de considerar el pago por alquiler como cuota inicial para la compra de la vivienda. En torno a esto, los sancristobalenses tienen posiciones encontradas; un grupo muestra su desacuerdo tomando en cuenta el lugar de los propietarios sin intención de vender, mientras otros apoyan la opción desde su óptica de inquilinos.

De acuerdo a un sondeo de opinión realizado son más personas quienes rechazan la medida, que quienes la aprueban. Nohemí Rangel, aseguró que no es correcto, esto que pretenden aprobar los diputados de la Asamblea Nacional. Explicó que si alguien decide alquilar su casa, es porque tiene una necesidad económica que intenta cubrir, y si lo que consigue con eso es vender el único bien que le sirve de sustento, entonces no es buena la medida.

Humberto Gómez, también manifestó su rechazo: "Yo no estoy de acuerdo porque la persona que alquila una casa no está interesado en vender, sino en recibir un ingreso económico mensual". El mismo punto de vista condujo la negativa de Carlos Andrés Pernía, quien argumentó: "Yo no estoy de acuerdo, porque si hago una inversión es para obtener beneficios, no para dárselos a otra persona. Sin embargo, también es cierto que hay muchas personas que abusan cobrando altos alquileres".

Por su parte, Nelly Contreras, considera que es muy difícil la aplicación de esta ley, porque la persona que vende quiere contar con su dinero de manera inmediata, y no, que se la vayan dando de manera mensual. Piensa que obviamente esta medida traería beneficios a las personas que no cuentan con vivienda, pero hay que ver la situación desde ambos puntos de vista.

De igual manera Erika Jaimes, considera que la decisión sería muy buena, traería beneficios a muchas personas, pero dice que lo más importante es que haya acuerdo entre ambas partes, el vendedor y el comprador. "Yo pago alquiler y eso sería bueno para mí, pero igual hay que esperar, aunque si es una ley, hay que cumplirla".

En general, la apreciación depende del punto de vista desde donde se observe. Los dueños de viviendas en alquiler rechazan la medida argumentando que esta actividad es su sustento económico; mientras los inquilinos consiguen aquí una posibilidad para obtener vivienda propia con las facilidades necesarias para su pago.

La Ley

El primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, señaló que están preparando la modificación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y adelantó que en ese texto se realizarán ajustes al derecho de preferencia de los inquilinos a fin de permitir que parte de los pagos por los alquileres sean considerados como cuota inicial en la compra de las viviendas.

El parlamentario señaló que "la intención es que el derecho de preferencia no se ejerza cuando el propietario vaya a vender la vivienda, que se aplique antes. Eso significa que después de un período de tiempo el dinero pagado por el alquiler sea usado como una inicial". Ello implicaría establecer límites en la ley, es decir, que hasta un determinado lapso se considerarán las cancelaciones hechas por los inquilinos como alquiler y luego como inicial.

Por las nubes

Alquilar una vivienda sigue siendo una de las dificultades económicas más grandes para los habitantes de la capital tachirense. De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), San Cristóbal acumula el mayor porcentaje inflacionario del país en la categoría Alquiler de Vivienda, con 7,0%, casi el doble del promedio nacional (4,5%).

Visto : Diario de los andes

Fin de la propiedad privada.

La sentencia contra la propiedad está dictada. Con la reforma de la Ley de Tierras las invasiones se multiplicarán y los reclamos lucen improcedentes Se garantiza la permanencia de "campesinos" en las tierras privadas. Dueños de fincas no tienen garantías.

La lucha de miles de dueños de fincas y predios invadidos en los últimos años por recuperar la propiedad sobre sus tierras se aleja cada vez más de obtener un resultado favorable.

Al entrar en vigencia la reformada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario prácticamente se desestiman los reclamos de los legítimos propietarios de tierras invadidas, debido a que las acciones de los tribunales agrarios deben estar enmarcadas en el resguardo del socialismo revolucionario (aquel que tanto desprecia la propiedad privada).

El artículo 154 de la normativa establece que en todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias velará, entre otras cosas, por la continuidad de la producción agroalimentaria; la protección del principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja; la conservación de la infraestructura productiva del Estado; la cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.

Con estos lineamientos, el Estado prácticamente lanza su sentencia sobre los reclamos que vayan a ser introducidos en los tribunales agrarios al dictarles a los jueces los criterios que deben tomarse en cuenta al momento de los litigios.

Este desconocimiento de la propiedad privada y de la figura de la tercerización también es validado en el artículo 17 del reglamento agrícola al garantizar la permanencia de los campesinos en las tierras privadas que trabajan, "aun cuando no sean de su propiedad, si dicho trabajo es realizado con ocasión de la constitución de sociedades, contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera formas o negocios jurídicos efectuados con su legítimo propietario, por un período mínimo ininterrumpido de tres años".

Los invasores han venido actuando a sus anchas y arreciando su anarquía en varios estados de Venezuela desde el 2005, por lo que ahora se prevé que seguirán multiplicándose sus ocupaciones con este nuevo espaldarazo que se les otorga con la reforma de la Ley.

COLECTIVO NO, ÚNICO

Aunque la nueva Ley de Tierras expone la importancia de la propiedad colectiva y se parcializa ante las acciones de las cooperativas y grupos agrarios, los gremios de productores y los partidos de oposición de la Asamblea Nacional han venido denunciando que con esta reforma se pretende "convertir al Estado en el único propietario y eliminar todo vestigio de propiedad privada", como lo expresó en la primera discusión en la Plenaria el diputado Tomás Sánchez.

Visto : Talcual